La
empresa japonesa Toyota Motors Corporation deberá hacer frente a la mayor multa
de la historia aplicada a una compañía automovilística. El Gobierno de Estados
Unidos (EEUU) acordaba con Toyota el pago de 1.200 millones de dólares (más de
830 millones de euros) tras acusar a la nipona de engañar a sus consumidores
poniendo en peligro su seguridad, a la vez que engañaba al propio Congreso con
informes y datos distintos a la realidad.
El
fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, acompañado por el secretario de
Transporte, Anthony Fox, anunciaba hoy en Washington la medida dedicando
contundentes palabras a la automovilística: “La conducta de Toyota fue
vergonzosa. Mostró una descarada falta de respeto por los sistemas y leyes
creados para vigilar la seguridad de los consumidores. Según admitió la propia
compañía, protegió su marca antes que a sus propios clientes”. Holder añadía:
“En vez de revelar rápidamente y corregir los problemas de seguridad que
conocía, Toyota realizó declaraciones públicas engañosas y proporcionó datos
inexactos a miembros del Congreso”.
Toyota
no puso objeción alguna y admitió su responsabilidad, comprometiéndose a pagar
los 1.200 millones de dólares, a cambio, las autoridades estadounidenses
“postergarán el proceso judicial y posteriormente desestimarán su caso siempre
y cuando Toyota realice el pago monetario que se le exige, cumpla los términos
del acuerdo y siga cooperando con el Gobierno”, explicaban desde la compañía.
En
un comunicado, Christopher Reynolds, portavoz de la compañía en temas jurídicos
se mostraba arrepentido por lo sucedido indicando que “hemos realizado cambios
fundamentales en todas nuestras operaciones globales para ser una compañía más
receptiva, escuchar mejor las necesidades de nuestros clientes y tomar acciones
de forma proactiva para servirles”.
Los
problemas de Toyota empezaron en septiembre de 2009, cuando la empresa llamó a
revisión a más de 4 millones de vehículos en Estados Unidos, tras sucesivas
denuncias de los consumidores, al parecer la alfombrilla situada en el lado del
conductor interfería con los pedales y aceleraba el vehículo. El detonante
final fue la publicación de la llamada que efectuó un conductor al 911 mientras
su automóvil se aceleraba de forma descontrolada terminando con la muerte de
varios ocupantes. En enero de 2010 Toyota suspendía la venta y producción de
ocho modelos de automóviles. En abril, la Administración Nacional para la
Seguridad en la Carretera de Estados Unidos (NHTSA) impuso a Toyota una multa
de 16,3 millones de dólares, la mayor posible, por ocultar los defectos durante
meses. El director de Transporte de entonces, Ray LaHood, dijo tener pruebas de
que Toyota no cumplió con sus obligaciones ocultando información a las
autoridades estadounidenses y “no actuaron para proteger a los millones de
conductores”.
Ahora
llegan las medidas, las correcciones a tantos años de fraude. Cientos de
accidentes después se llega a un acuerdo con la compañía, un acuerdo que resta
la contundencia de una multa, que por acuerdo pierde la estética de castigo. La
cifra histórica de 1.200 millones de dólares resulta llamativa por su enorme
cuantía y por supuesto por su carácter histórico, la duda está en qué es lo que
se busca con esta medida. ¿La intención es la de penalizar a la compañía por su
mala praxis o contentar a la opinión pública con la elevada cifra a abonar?
Pudiera cuestionarse extensamente el propósito de las autoridades norteamericanas
pero, lo realmente importante es que el resultado a corto plazo sea la
erradicación de las negligencias que una vez descubiertas se considere mantener
en el tiempo ocultas, silenciadas o disfrazadas de datos manipulados.
Se
antoja que el dinero no satisfará a las familias afectadas, mas si cabe sí
sufrieron la pérdida de algún familiar. Considerándose multa criminal, el no
contemplar presidio contraría la lógica y posiblemente, desvalore la pena
económica.
Todo
esto llega cuando General Motor (GM), principal fabricante de automóviles de
Estados Unidos, está siendo investigado por un caso parecido. GM ha llamado a
revisión a 1,6 millones de vehículos afectados por un problema en el sistema de
encendido, problema que puede ser el causante de centenares de muertes. Este
aviso se produce 10 años después de que el fabricante recibiera las primeras
denuncias.
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