El
peso argentino sufría la pasada semana su mayor caída desde el año 2001, cuando
se vio inmerso en el corralito. La depreciación sufrida por la moneda argentina
provocó de nuevo alarma entre la población y los grandes capitales, viendo
quebrado su poder frente al dólar.
Si
bien el miércoles por la mañana un dólar se podía adquirir en el mercado
oficial por 6,89 pesos, por la tarde su precio ascendía a los 7,13 pesos. El
jueves la moneada argentina experimentaba una devaluación de hasta el 12%
respecto al día anterior, por lo que el Banco Central ahora si tomó medidas,
habiendo declinado tal opción el miércoles esperando que el mercado se
autorregulara de algún modo. El Banco Central tuvo que vender unos 100 millones
de dólares procedentes de sus reservas para intentar evitar que el peso
siguiera depreciándose. El problema es que dichas reservas hace varias semanas
que bajaron de los 30.000 millones de dólares, encontrándose en la actualidad
en su nivel más bajo desde hace siete años. Se logró frenar la acusada
devaluación, que el gobierno argentino se empeña en denominar “política
cambiaria de flotación administrada del tipo de cambio”, aunque a todas luces
sea una devaluación monetaria, quedando el dólar a 8 pesos en el mercado
oficial.
El
jefe del Gabinete del ejecutivo argentino, Jorge Capitanich, comparecía
asegurando que todo lo sucedido se debía a movimientos del mercado: “no ha sido
una devaluación inducida por el Estado, sino la libre oferta de demanda la que
se expresó”. Del mismo modo, Capitanich anunciaba la nueva medida que el
gobierno de Cristina Fernández aplicará desde hoy lunes, mediante la cual los
argentinos podrán comprar dólares en el mercado oficial, cuestión que se fue
volviendo imposible desde finales de 2011, debido a las restricciones impuestas.
Estas restricciones fueron implantadas de forma paulatina por Fernández tras
ganar por segunda vez las elecciones: los bancos y casas de cambio eran
obligados a pedir permiso antes de realizar una transacción, en los meses
siguientes se les prohibió a las empresas girar dividendos al exterior, las
pensiones provenientes de fuera del país se retribuían en pesos y en julio de
2012 se prohibió la compra de dólares con fines de ahorro, con todo esto los
medios no tardaron en acuñar el término de "cepo al dólar" para tan severas
limitaciones, término que no gusta a la presidenta argentina.
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| Cambio entre pesos y dólares |
El
ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, muy molesto por la creciente
subida del precio del dólar, tanto oficial como paralelo, proclamaba que “los
mismos que nos dijeron durante diez años que el dólar valía un peso son los que
hoy nos quieren convencer de que vale 13. Así que saquen sus propias
conclusiones”, refiriéndose al gobierno peronista de Carlos Menem. Kicillof ve
intereses particulares detrás de estas depreciaciones del peso, acusando
expresamente a la compañía petrolera Shell de querer desestabilizar “el proyecto
económico”, según el ministro la depreciación se produjo a causa de un pedido
de 3,5 millones de dólares efectuados por Shell, “que quiso poner el dólar en
8,40”. Ante estas declaraciones, el presidente de Shell en Argentina, Juan José
Aranguren, salió a desmentir las acusaciones de Kicillof, y no sería el único
ya que a la opinión pública le resulta difícil creer que una compra de 3,5
millones de dólares sea suficiente para desestabilizar la economía argentina,
de ser así muy mal debe de estar ésta o muy mal lo debe de estar
haciendo el propio ministro de Economía.
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| Jorge Capitanich, jefe del Gabinete y Axel Kicillof, ministro de Economía |
En
este panorama de absoluta incertidumbre, ni Capitanich ni Kicillof parecen
andar por la senda adecuada, que les lleve a corregir o en cualquier caso
regular la situación económica, más bien cabría
pensar que ambos caminan por sendas diferentes sin un destino definido. Jorge
Capitanich, que se postula como la gran apuesta del kirchnerismo para las
elecciones presidenciales de 2015, ve devaluada su candidatura con las
constantes correcciones públicas que recibe por parte de varios ministros,
entre los que se encuentra el propio Axel Kicillof. El ministro de Economía
tampoco disfruta de la confianza ni del pueblo argentino ni de algunos de sus
propios compañeros del Ejecutivo; su credibilidad está en tela de juicio y con
esta nueva crisis cambiaria se juega una vez más el ser o no ser.
La medida tomada de
permitir a los ciudadanos argentinos comprar dólares está limitada a 2.000
dólares por persona física, con un recargo del 20% sobre el dinero adquirido,
salvo que ese dinero se deposite en una entidad bancaria por un plazo mínimo de
un año, quedando en este supuesto exento de tal recargo. Los ciudadanos
autorizados a comprar la divisa americana serán los trabajadores y pequeños
empresarios que ganen el equivalente a dos salarios mínimos al mes, es decir,
7.200 pesos. Una medida que más que favorecer al pequeño ahorrador parece
beneficiar al propio Estado, quedando el dólar atrapado en el sistema
financiero. Un parche más que viene a seguir obviando el verdadero problema de
la economía argentina, la inflación. Pero cuando es el propio Gobierno el que
pretende esconder el problema, reconociendo que dicha inflación se sitúa en el
10,9% del PIB cuando realmente ronda el 25%, esperar que suceda algo positivo y
la tendencia cambie resulta bastante complicado. Más aún cuando la propia presidenta
de Argentina, Cristina Fernández, sale a escena y tras un extenso discurso ni
siquiera menciona la palabra “devaluación”, para seguidamente dejar el país rumbo
a Cuba donde le esperaba Fidel Castro para almorzar.







